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El fraude en el credito documentario. El régimen aplicable en los sistemas de derecho civil

Di Maria Verónica Asad, Avvocato inBuenos Aires

10 marzo 2003

 

Plan:

A modo de Introducción

PARTE I: “ El  fraude como excepción al principio formalista”

A.- La multiplicación de las formas del fraude y las dificultades en cuanto a su calificación

a) El fraude material u objetivo

b) El fraude intelectual

B.- La prueba del fraude

a)   La concepción liberal del fraude:

la prueba del fraude aparente

b) La concepción restrictiva del fraude: la prueba del fraude evidente, manifiesto y calificado

 

PARTE II: “Las dificultades prácticas y jurídicas en la sanción y prevención del fraude”

A.- El tratamiento del fraude antes del pago del crédito documentario: Las medidas precautorias

a) El régimen aplicable en los sistemas  de derecho común:

l´injunction

b) El régimen aplicable en los sistemas  de derecho civil: 

la saisie- arrêt francesa

B.- El tratamiento del fraude que se configura después de la realización del crédito documentario

a) Vías recursivas a disposición  del banco: la repetición del pago indebido o incausado

b) Vías recursivas a disposición del ordenante: la acción por responsabilidad contractual y la acción por daños y perjuicios

Conclusiones

Bibliografía – Jurisprudencia - Abreviaturas.

 

El fraude en el credito documentario

A modo de introducción:

 

El crédito documentario constituye un medio de pago al que se acude por excelencia en el comercio internacional a corto término. [1]

El negocio que le da orígen es una compraventa entre negociantes de países diferentes y que establece entre sus cláusulas, la obligación de pagar el precio mediante la apertura de un crédito documentario. [2]

Es así que el comprador (u ordenante) se obliga a obtener de su banco (banco emisor) la apertura de un crédito documentario por el plazo, modalidad, importe y moneda estipulados.

El vendedor (o beneficiario) se obliga a presentar entre otros, los documentos de embarque al banco emisor[3] o a su corresponsal (banco pagador), en el plazo convenido.

El o los bancos intervinientes se encuentran en la posición de un  tercero imparcial frente a las partes del contrato comercial pero intervienen en el pago del importe y en la entrega de la documentación, asumiendo la deuda del comprador sin liberarlo. [4] Esta intervención bancaria se funda  en la relación existente entre el banco emisor y el comprador/ordenante.[5]

Asimismo, el crédito documentario podrá convertirse en un contrato de crédito activo por el cual el banco emisor financia a su cliente/importador, adelantándole fondos.[6]

El sistema de crédito documentario resulta eficaz si el comprador y el vendedor son esencialmente honestos. Sin embargo, ofrece poca protección contra un fraude flagrante en virtud de los principios que rigen la celebración y el desarrollo de este contrato “sui generis”[7] y que han sido admitidos por la costumbre y la doctrina: especialmente el formalismo y la independencia entre compraventa y crédito.

Aunque estos principios tienden a evitar riesgos que generarían perjuicios para todas las partes intervinientes[8] y que derivarían de la falta de eficacia, seguridad, certeza y rapidez de esta modalidad, también es cierto que autorizan a los bancos a pagar sobre la base de documentos y no de mercaderías por lo que en principio, éstos no deben preocuparse por las transacciones comerciales subyacentes.

Sin embargo, todo mecanismo contractual muy arraigado en rigurosas formalidades tiene grandes chances de devenir en cierto modo mecánico, implicando una posible disminución de la seguridad que las propias partes buscan en esta operatoria, especialmente frente la utilización fraudulenta del crédito documentario. [9]

Ello permite constatar que en definitiva, el límite natural de toda regla de derecho aparece cuando aquellas son desviadas de su fin propio.

Rafael Olarra Jimenez enseñaba ya en 1966[10] que en teoría no podría “suscitarse dificultad alguna con tal que el banco cumpla puntual y diligentemente con las instrucciones que el ordenante formula con precisión dentro del marco contractual preestablecido con todo el rigor por el banco emisor”.

Sin embargo, “los hechos demuestran que a veces por errores de los bancos, en otros debido a la mala fe de los clientes que tratan de encontrar un resquicio para descargar sobre el banco las consecuencias de un mal negocio, o por circunstancias ajenas a ambos, las controversias, reclamos y litigios han sido abundantes, en especial en otros países...Estos pleitos versan generalmente sobre situaciones en las cuales el banco tenía frente a sí varias alternativas y eligió una que, según el cliente, no era la adecuada. En algun instante el banquero, en cumplimiento del mandato que le ha conferido su cliente, debe interpretar sus instrucciones y, en ese punto surge un desacuerdo.”

En consecuencia, “se ha buscado limitar estrechamente el “margen de interpretación” a cargo de los bancos. Se reducen de esta manera las posibilidades de que aparezca una “desinteligencia” entre los propósitos del ordenante expresados en las instrucciones contenidas en la carta de crédito, incluyendo modificaciones o complementaciones ulteriores que se incorporan al crédito, y el entendimiento que de las mismas tenga el banco”.

El llamado principio del formalismo que veremos a continuación y respecto al cual el fraude puede configurarse como una excepción, fue concebido en el ámbito de las asociaciones de bancos interesadas en el crédito documentario con el fin de reducir el campo discrecional del banquero, ya que es en virtud de éste que nacen precisamente los riesgos que pueden serle imputados 

El sentido del principio del que hablamos y que fue paulatinamente adoptado – a través de sus sucesivas revisiones – por los “Usos y Prácticas Uniformes de la CCI” puede resumirse así:

Es un sistema que “pone el acento sobre el deber del ordenador del crédito de dar instrucciones claras y precisas en lugar de reglas generales, amplias o ambiguas para la interpretación de un mandato oscuro e impreciso”[11].

Epschtein y Bontoux esclarecen aún más el sentido del formalismo, enseñandonos que el mismo significa:

a) Que la operación de crédito documentario y la compraventa internacional son independendientes y autónomas. [12]

Nuestra jurisprudencia se ha pronunciado al respecto en estos términos: El banco no es parte en la compraventa, es extraño a sus convenciones, y para desempeñar su función no necesita enterarse de sus cláusulas. [13]

b) Que las instrucciones indicadas por el comprador/ordenante  deben seguirse al pie de la letra.[14]

Por ende, los bancos deben atenerse a examinar formalmente los documentos, ponderando su contenido con las instrucciones impartidas por el ordenante, haciendo caso omiso de las realidades económicas y jurídicas que esos documentos representan. [15]

Ambos aspectos del mismo principio hallan su razón en que resultaría difícil y oneroso para los bancos disponer de personal competente en todas las ramas del comercio y realizar investigaciones tan completas que les permitiesen asumir la responsabilidad respecto a la veracidad de las declaraciones en cuanto a calidades, pesos, cantidades, estado, entregas, embalaje, etc., de las mercancías u otros aspectos comerciales de la operación subyacente.[16]

Sin embargo, y a medida que aumentan los casos de fraude, algunos observadores sugieren que los bancos deberían aceptar la responsabilidad de los negocios que financian. Es posible que los bancos hagan investigaciones discretas cuando hay algo que parece no muy correcto, aunque no están dispuestos a mencionarlo. Uno de los temores es que si se establece el patrón de analizar más allá de los documentos, algunos tribunales podrían llegar a considerarlo como una práctica normal.[17]

Aunque la regla del formalismo haya permitido limitar el riesgo de “mala interpretación” del banco, a través de una técnica depurada en la operatoria y de los “Usos y Prácticas Uniformes de la CCI”, podemos anticipar que de hecho, los riesgos que corre no desaparecen ni pueden desaparecer totalmente.

El fraude se erigirá así en una excepción o motivo de atenuación del dogma formalista, en virtud de consideraciones de equidad o razonabilidad, sintetizadas en la  máxima “fraus omnia corrumpit”.

Tal como veremos, la figura del fraude será a veces de difícil aplicación para determinar la responsabilidad de las partes, para saber hasta dónde el banco está obligado a cumplir con las instrucciones de la carta de crédito frente a un caso de fraude, y en qué medida el beneficiario puede obligar al banco a pagar, negociar o aceptar el crédito.

En principio, los  bancos deben limitarse a verificar si existe un fraude en  los documentos propios de la operatoria, no estando a su cargo el deber de hacerlo respecto a la operación comercial subyacente. En consecuencia, no se responsabilizan por la autenticidad de los documentos.

No obstante ello, aunque los documentos examinados sean aparentemente regulares, si resulta probado en tiempo oportuno que no responden a una venta, porque ésta resulta inexistente, es muy dudosa la obligación del banco de cumplir con el pago del crédito.

Tampoco el banco debe creer que ha de pagar automáticamente a sabiendas de que ha existido un fraude y en la idea de que su responsabilidad está a cubierto. Si, por ejemplo, paga sabiendo que la mercadería embarcada no es la declarada en los documentos, la regularidad objetiva de los mismos no le eximirá de responsabilidad hacia el ordenante. Pesará eso sí, sobre el ordenador la prueba de que el banco estaba informado de ese vicio. [18] [19]

A la luz de los principios mencionados, resultará pues de interés determinar cuáles son sus límites para evitar que en la práctica, las partes cedan a la tentación de calificar como fraudulenta toda operación que aparezca desventajosa a sus propios intereses, lo que les permitiría escapar (injustamente) a sus obligaciones contractuales. [20]

La importancia de este interrogante aparece al constatar que generalmente, el fraude es descubierto cuando el pago del crédito documentario ya ha sido efectivizado, negociado o aceptado. Recién ahí habrá que determinar quién ha sido la víctima final y el responsable. La solución más coherente sería la de poder probar qué parte ha originado el fraude, sin embargo veremos que esa meta es dificil de alcanzar en la práctica.

Este artículo intenta analizar en primer término, la incidencia y ramificaciones del fraude en la práctica de crédito documentario, señalando las dificultades que han ido apareciendo en la jurisprudencia de varios países en cuanto a la calificación y prueba del mismo. (Parte I)

En la segunda Parte, veremos cómo los tribunales y la doctrina han ido elaborando posibles medidas preventivas de las consecuencias dañosas del fraude y sus requisitos, especialmente emitiendo una órden que prohiba o suspenda provisionalmente la realización del crédito. Para ello, será menester apreciar si el banco está o no obligado a pagar cuando existe sospecha de fraude.

Este aspecto se verá complementado a través del estudio de las diferentes vías recursivas a disposición de las partes una vez que el fraude ha sido consumado, para lograr la reparación del daño derivado de las pérdidas económicas  sufridas.

 

 

PARTE I: “ El  fraude como excepción al principio formalista”

 

No existe una definición precisa de lo que significa fraude en las negociaciones con cartas de crédito.

Podría decirse que en un sentido amplio, el término “fraude” adquiere distintas connotaciones por lo que en la práctica, no se exigirán los mismos requisitos para que la figura jurídica del fraude sea efectivamente admitida.

Ello apareja dos tipos de dificultades, para la víctima y para el juzgador:

Por un lado, la deteminación de la existencia de un fraude depende actualmente y en gran medida de la casuística.

Tradicionalmente, se distinguen dos tipos de fraude que en la práctica pueden combinarse, por lo que la prueba en uno y otro caso variará consecuentemente. Es así que se han establecido las categorías de fraude “material” e “intelectual”, o de ambos géneros a la vez. Sin embargo, la jurisprudencia no sigue criterios uniformes en cuanto a la apreciación de uno u otro caso.

Y ello puede que sea así porque las estafas con créditos documentarios son sólo una pieza del rompecabezas. Imaginemos el caso del fraude marítimo, éste también estará compuesto por: desviaciones de la carga, hundimientos intencionales y desapariciones misteriosas, etc.[21]

En otro órden, quien tenga a su cargo la prueba del fraude,  puede encontrar obstáculos según que los tribunales competentes privilegien o no una concepción “liberal” o “restrictiva” para admitir la figura.

En todos los casos, el fraude en el crédito documentario siempre aparejará una alteración de la verdad que encontrará su principal vehículo en los documentos presentados al banco. El objetivo de esta alteración será el de generar en el banco interviniente, una convicción contraria a la realidad.

 

A.- La multiplicación de las formas del fraude y las dificultades en cuanto a su calificación.

 

La práctica del crédito documentario ha dado orígen a numerosas y variadas maniobras fraudulentas como la emisión de acreditaciones falsas por oficinas especializadas[22], en nombre de bancos que no existen o adulterando  formularios de entidades bancarias reales y existentes.

Puede citarse también la presentación de documentos falsos (como conocimientos de embarque[23], certificados de orígen, facturas[24], etc),  así como el envío de mercaderías sin valor  o de inferior calidad a la pactada amparadas por una documentación completamente auténtica que contendrá algunos elementos  o menciones falsas.

Tal como veremos, cuando los documentos utilizados son  falsos, nos hallaremos frente a un fraude “material”. En cambio, si algunas de las menciones de dichos documentos no son sinceras, el fraude será “intelectual”. A veces,  ambos tipos de fraude se combinarán.

El problema aparece cuando los bancos examinaron los documentos estipulados con un “cuidado razonable”, y comprobaron que “aparentemente, están de acuerdo con los términos y condiciones del Crédito”. El Banco tiene obligación de rechazar documentos no conformes o  irregulares o si en apariencia, no concuerdan entre sí, a la luz de las condiciones de la carta de crédito y de los usos bancarios. [25]

Sin embargo, a pesar de haberse constatado una “aparente conformidad en base a las prácticas bancarias internacionales” (art. 13 a) RUU), el fraude puede ser igualmente alegado y/o probado en ciertos casos.

Es allí cuando cabe preguntarse si el principio general del art. 4 RUU también primará. Dicha disposición (“Documentos/Mercancías, Servicios y Prestaciones”) establece:

“Todas las partes intervinientes en un crédito negocian con documentos y no con mercancías, servicios y/u otras prestaciones, a que tales docuemtos puedan referirse”

Si bien el pago de todo crédito documentario implica que los documentos sean  aparentemente conformes y regulares, no es menos cierto que éstos deben ser también auténticos y sinceros, circunstancia que no siempre podrá ser comprobada a tiempo.

 

a) El fraude material u objetivo

s el tipo más corriente de fraude y se caracteriza por una falta de autenticidad en alguno de los documentos estipulados en el crédito, ya sea que hayan sido adulterados, falsificados, copiados o emitidos por quien no tenía el poder de hacerlo, con intención de dañar.

Cuando el documento es apócrifo o falso materialmente, puede llevar al engaño sobre la verdadera identidad de sus elementos esenciales y en general, de su autor.

La jurisprudencia ilustra casos como el de un conocimiento de embarque que no emane del verdadero transportista. Generalmente el formulario (que puede comprarse en librerías o papelerías por muy poco dinero) lo llena el despachador y lo firma el capitán del buque transportador. [26]

El problema aparece porque los bancos carecen al momento de la revisión, de elementos de juicio que les permitan determinar inequívocamente si los documentos que se les presentan son auténticos y emanados de las compañías de navegación, aseguradores, etc verdaderas. Carecen también de un registro de firmas autorizadas de todas esas empresas y desconocen muchas veces cuáles son los formularios, etc., que las mismas utilizan.[27]

Esta situación ha sido reconocida por el artículo 15 de las RUU 500  (“Exoneración respecto a la validez de los documentos”) que prescribe:

“Los bancos no asumen obligación o responsabilidad respecto a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad, falsedad o valor legal de documento alguno, ni respecto a las condiciones generales o particulares que figuren en los documentos o que se añadan a ellos....”

Esta regla es considerada como la contrapartida lógica de la estricta obligación a cargo del Banco en verificar la “aparente conformidad o regularidad”.

Asimismo, de este principio se desprende una consecuencia práctica importante: los bancos no tienen la obligación de investigar la autenticidad ni la exactitud de los documentos (tampoco su verdad ideológica), aún cuando se haya alegado el fraude.[28]

Sin embargo, la exoneración de responsabilidad del banco establecida con carácter amplio por la norma transcripta, encuentra su límite en los principios que rigen en materia de mandato. 

El mandatario está obligado a proceder en la defensa de los intereses del mandante con igual diligencia que la que pondría en la de un asunto propio.

Es así que el banco, pese al art. 15, no podrá eludir la responsabilidad por falsificaciones que puedan descubrirse fácilmente (por ej., mutilaciones, raspaduras, correcciones o alteraciones groseras de los documentos). Tampoco puede exonerarse de responsabilidad por su dolo o culpa grave.

La regla de principio sería entonces la siguiente: el banco que ha pagado un juego de documentos aparentemente conformes y genuinos, no puede ser considerado responsable si luego se comprueba que  eran falsos, ya que habrá obrado de buena fe y con diligencia.[29]

Por ello, el banco confirmante, el autorizado a pagar, a aceptar instrumentos de giro o a negociar contra documentos aparentemente conformes a los términos y condiciones del crédito[30] tendrá derecho a exigir el reembolso al banco emisor quien a su vez, podrá hacer lo mismo respecto del comprador/ordenante. Este será quien en definitiva deba soportar la pérdida. Claro está que frente a la insolvencia del ordenante, será el banco quien podrá soportar una pérdida total o parcial.[31]

Este principio jugará siempre que no se haya mediado negligencia del banco.

En efecto, “el banquero tiene, por supuesto, el deber de examinar los documentos con cuidado, pero no está obligado, salvo que concurran circunstancias sospechosas, a indagar sobre si son genuinos o no. De esto se deriva, que si se ha pagado contra documentos falsos sin que exista negligencia por su parte, puede reclamar ser reembolsado por el comprador”[32]

Aquí vemos cómo el formalismo del crédito documentario tiende a proteger a los  bancos intervinientes quienes solo asumen una obligación de control formal de los documentos.

No es imposible imaginar que los bancos asuman la responsabilidad de ampliar su control a la mercadería misma. Sin embargo, ello implicaría necesariamente tener que designar personal experto en cada tipo de comercio, lo que aumentaría el costo de la operación tornándola antieconómica como medio normal de pago. [33]

Lo expuesto se aplica en principio, si el beneficiario inescrupuloso que es quien generalmente comete el fraude, ya ha recibido el pago del crédito por un banco que estaba autorizado a realizarlo.[34] 

Si el pago al beneficiario aún no se ha llevado a cabo, entonces el fraude podrá paralizar su realización, a través de la decisión personal del banco o como consecuencia de una medida precautoria que permita la legislación nacional aplicable.[35]

En otro órden, puede suceder que si el pago haya sido efectuado pero no a título del crédito documentario específicamente.

En tal supuesto, el fraude podrá ser invocado para impedir que se efectivice el pago del crédito documentario propiamente dicho.[36]

Para que el fraude material traiga aparejado las consecuencias jurídicas señaladas, no bastará con una simple invocación del mismo. Deberá probarse que se sustenta en circunstancias fraudulentas o en documentos no sinceros.

Si a pesar de la prueba, el banco decide igualmente pagar al beneficiario, podrá imputársele la responsabilidad por los daños que ello haya causado al ordenante, en virtud de su dolo o culpa grave.[37] 

La consecuencia señalada explica que sean raros los casos en los que el fraude haya motivado una órden judicial destinada a paralizar el pago, negociación o aceptación del crédito.

 

b) El fraude intelectual

Este fraude se distingue del anterior por la “falta de veracidad”.  La falsedad material afecta los elementos extrínsecos del documento, en tanto que la intelectual implica una alteración de su sustancia.

El fraude intelectual es más sutil y difícil de probar en la práctica: el documento es en apariencia auténtico, emana de su verdadero autor y es irreprochable desde el punto de vista de su apariencia material, sin embargo, contiene enunciados contrarios a la verdad ya que hay ausencia de sinceridad.

Tal sería el supuesto, cuando la cantidad de mercadería embarcada no corresponde a la que es mencionada en el documento, o si las mercaderías entregadas no son las que se pretenden haber librado, o cuando se emiten facturas o conocimientos de embarque en nombre de una empresa imaginaria, cuando los barcos transportistas o las compañías de navegación son ficticios, etc.

Una de las cuestiones más controvertidas en el fraude intelectual reside en que[38]  la falta de sinceridad en los documentos implicará generalmente tener que entrar en un análisis “extra-documentario”, esto es, de las obligaciones comerciales de base.

Y ello es así porque aún cuando este fraude pueda emanar de los documentos, como éstos no son sinceros, sólo podrá constatarse la falta de veracidad con las mercaderías y/o el servicio del contrato comercial de compraventa internacional.

Ello implica tener que apartarse del principio de independencia entre crédito documentario y relación subyacente, y del que consagra el carácter autónomo y abstracto de la obligación del banco con el cliente, por lo que la jurisprudencia sólo lo admite excepcional y restrictivamente.[39]

Puede suceder que mientras el banco procede al exámen de los documentos, el comprador consigue ver la mercancía y comprobar que ha sido víctima de un engaño o de una estafa. Por ejemplo, cuando él ha abierto un crédito para pagar pieles de nutria, que es lo que el vendedor se ha comprometido a pagar, y las recibidas son de conejo.

Qué sucede si el banco decide igualmente pagar en virtud de las cláusulas de la carta de crédito so pretexto de que los documentos son formalmente irreprochables?

Ciertos autores [40] enseñan desde hace tiempo que si el banco procede así en la creencia de que su responsabilidad está a salvo, se equivoca. Esa responsabilidad está salvada solamente cuando el banco ignora el fraude. Si lo conoce, y de eso se encargará el ordenante, debe abstenerse de pagar. Una vez más se vé la necesidad de cumplir todas las negociaciones dentro de un marco general de buena fe.

Tanto los tribunales franceses [41]  como norteamericanos y canadienses [42] han admitido que en ciertos casos de excepción - calificados como “fraud in the transaction” – se flexibilice el dogma del carácter abstracto de la obligación del banco, puesto que una postura demasiado rígida al respecto importaría someter al contrato de crédito documentario a una dicotomía conceptual que destruiría su unidad.

Si no hay ni la sombra de un vínculo entre la obligación del banco y la compraventa, entonces no estamos frente a un negocio jurídico complejo sino ante una mera yuxtaposición de contratos independientes.

Sobre este tema, en el resonante fallo Sztejn, el tribunal norteamericano se expidió en los siguientes y clarificantes términos:

“tal situación, en la que el fraude del vendedor ha sido llevado al conocimiento del banco antes que la letra y los documentos hayan sido presentados al cobro, justifica que el principio de independencia de la obligación del banco en virtud de una carta de crédito, no pueda ser llevado hasta el punto de proteger al vendedor inescrupuloso”.

La jurisprudencia anglosajona consagró esta solución en el caso United City Merchant ya citado, por lo que en ese sistema, el banco emisor está dispensado de su obligación de pago cuando sabe que el beneficiario es culpable de fraude.

Para establecer la responsabilidad final, será necesario que el fraude haya sido  descubierto antes que el pago del crédito sea efectivizado por un banco autorizado a hacerlo.

En general, será el comprador-ordenante o su banco quienes soportarán las pérdidas. [43] En tal caso, uno u otro podrán contar con vías recursivas contra el beneficiario. [44]

 

B.- La prueba del fraude

 

Las dificultades para probar la existencia de un fraude y su autoría se explican por la diversidad de partes, la lejanía geográfica entre ellas, la ausencia de un control relativo al contrato de compraventa por parte de los bancos que sólo examinan formalmente los documentos y porque se considera a las cartas de crédito totalmente independientes de la relación subyacente.

Esta estructura  elaborada para desarrollar la práctica del crédito documentario deja abiertos muchos frentes susceptibles de ser aprovechados por la o las partes que persigan un objetivo fraudulento.

A ello se suma que en general, los tribunales son reticentes a tomar la decisión de eximir a los bancos de su obligación de pagar cuando  los documentos son aparentemente correctos,  dado que la negación a reconocer un compromiso irrevocable se considera como una acción muy seria para un banco. 

Tal como veremos, sólo excepcionalemente la jurisprudencia estimará correcto apartarse los rígidos principios que gobiernan el crédito documentario ante la necesidad de sancionar la comisión de un fraude, ordenar la suspensión del pago o hacer lugar a demandas resarcitorias.

Para ello, el efectivo damnificado, casi siempre el comprador, deberá aportar al juzgador la prueba del hecho fraudulento, y no todos los tribunales siguen los mismos criterios a la hora de apreciar la extensión y contenido del onus probandi.

 

a) La concepción liberal del fraude: la prueba del fraude aparente

Para una parte minoritaria de la doctrina y jurisprudencia francesas, resulta imprescindible entender de manera amplia la noción de fraude en el crédito documentario.

Desde esta perspectiva, con que el fraude adquiera únicamente una forma “aparente”, su carácter “manifiesto” ya puede  considerarse establecido.

Esta es una posición netamente liberal, pues toma en consideración aquellos indicios de fraude que originan fuertes sospechas, sin llegar a tener entidad suficiente de prueba irrefutable.

Según estos juristas, adoptar una posición demasiado rigurosa y exigente sobre el que debe probar el fraude, llevaría a relegar el interés práctico de dicha figura a las hipótesis de libro.

 

En efecto, los que planean el fraude no siempre tendrán la consideración de dejar sospechas de alteraciones y adulteraciones manifiestas por toda su obra.

En un caso[45], el banco emisor ya había aceptado una parte sustancial de los pagos contra documentos, incluyendo un conocimiento de embarque y un certificado de orígen. El primero de éstos era falsificado y el último incluía declaraciones fraudulentas. [46]

Los compradores instruyeron a sus abogados para que recolectaran evidencias independientes de que el barco en el que supuestamente se habían cargado las mercancías nunca se detuvo en el puerto en cuestión. La evidencia fue presentada al banco que se negó a efectuar los pagos adicionales.

Cuando el banco fue demandado en Inglaterra por no pagar, obtuvo una orden de que el caso no podía proseguir, a menos que la otra parte pagara una suma al Tribunal para cubrir los costos del banco.

Esto indica que el Tribunal consideró que la evidencia obtenida bien podía justificar la negación del banco a pagar. [47]

La jurisprudencia suiza se pronuncia a favor de esta concepción amplia sobre la prueba, al entender que un banco sólo podría invocar el comportamiento del beneficiario para exonerarse de la responsabilidad contractual asumida, cuando el carácter abusivo de ese obrar se reveló notoriamente al momento en que la obligación devino exigible.

Los tribunales canadienses van en el mismo sentido. Es así que en el caso “CDN Research of Development v. The Bank of Nova Scotia”, el juzgador sentenció que:

El “test de la existencia clara de fraude, resulta un requisito muy exigente” y que, por el contrario, un fraude prima facie (o aparente) resulta más adaptado a la realidad de los hechos.

Otro fallo de la Corte Suprema Canadiense del 5/3/87, ilustra también esta concepción:

“La excepción de fraude oponible a la autonomía de las cartas de crédito documentario no debería ser limitada a los únicos casos de fraude en los documentos, sino que debería abarcar el fraude en las operaciones subyacentes y que tienen entidad suficiente para convertir en fraudulento el pedido de pago proveniente de un crédito.”

La jurisprudencia francesa retuvo esta concepción en un fallo de excepción de la Cour d´Appel de Colmar (del 14/06/85).

En dicha controversia, el beneficiario presentó ante el banco confirmante un documento que no era “digno de fe”. Esta entidad fue alertada antes de que el banco emisor procediera al pago, pero el banco confirmante decidió igualmente acreditar el monto del crédito a favor del beneficiario, y reclamó luego el reembolso por vía judicial.

La Cour d’ Appel rechazó la pretensión afirmando que “si bien es cierto que con el simple hecho de invocar la existencia de un fraude sin ningun carácter aparente, el banco  no podría  desligarse de sus responsabilidades, los jueces a quo juzgaron conforme a derecho que el banco confirmante debía ser condenado por falta grave al haber acreditado la cuenta del beneficiario a pesar de que, al momento de contabilizar dicho importe, no tenía aún ninguna prueba decisiva respecto al fraude cometido por el beneficiario.”

Por su parte, en los Estados Unidos se ha invocado el “fraud in the transaction”[48] para privilegiar esta concepción amplia del fraude. En tal sentido, se ha dicho que el principio de  autonomía del crédito documentario respecto al contrato de base no puede impedir por sí sólo, la aplicación del principio “fraus omnia corrumpit”.

Sin embargo, los mismos partidarios de esta visión liberal son también conscientes de sus consecuencias negativas. Ello queda demostrado con las soluciones que terminan aplicándose para contrarrestar efectos no queridos como que el beneficiario y el banco contraten casi en forma automática una póliza de seguros, que el banco exija invariablemente al ordenante una garantía suplementaria para protegerse de las consecuencias que podría aparejar un fraude aparente, etc.

Aunque legitimados por la jurisprudencia, estos remedios resultan inadecuados para la necesaria dinámica y celeridad del crédito documentario.

Es por ello que la corriente doctrinaria y jurisprudencial dominante cuestiona la teoría hasta aquí descripta y pone el acento sobre la necesidad de probar un fraude evidente u objetivo a fin de que sus consecuencias de excepción cobren virtualidad.

 

b) La concepción restrictiva del fraude: la prueba del fraude evidente, manifiesto y calificado

Según la doctrina mayoritaria, la seguridad del crédito documentario se lograría adoptando una concepción realista, según la cual no basta con ofrecer una prueba prima facie seria del mismo, sino que deben aportarse elementos que establezcan indiscutiblemente su existencia.

En consecuencia, para demostrar el fraude debe acreditarse su carácter manifiesto y ello ante los ojos de cualquier persona, caso contrario, su invocación será objeto de todo tipo de cuestionamientos.

Dado su carácter excepcional, muchos Tribunales están de acuerdo en que el banco tiene que tener clara evidencia del fraude y no sólo una sospecha.

La jurisprudencia francesa no fue muy clara hasta que dos fallos del Alto Tribunal se orientaron abiertamente a favor de la prueba objetiva y manifiesta del fraude.

El 7/4/87, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation resolvió un caso en el que  pudo demostrarse de manera irrefutable que una factura remitida dentro de la operatoria de un crédito documentario carecía de sinceridad.

El 29/4/97, la Cour de Cassation dictó su  fallo “Automobiles Peugeot”, a partir del cual los tribunales se han orientado a favor de una concepción estricta del fraude y que puede resumirse  así:

El fraude no puede invocarse si sólo afectó la ejecución del contrato comercial de base y no el crédito documentario en sí mismo que es independiente de aquel.[49]

Por su parte, la jurisprudencia inglesa se expidió en un sentido similar, en el caso “Edward Owen v. Barclays Bank International” (de 1978). La Corte de Apelaciones rechazó una excepción de pago opuesta al banco “ante la ausencia de un fraude evidente que haya sido conocido por esta entidad”, ya que el fraude “debe ser claramente establecido”.

Sin embargo, no basta con probar el carácter manifiesto del fraude. Para que éste sea considerado evidente, además de manifiesto debe ser “calificado”.

Esta segunda exigencia de carácter subjetivo reviste una importancia fundamental.

Para paralizar el juego normal de un crédito documentario no basta con demostrar que el contrato comercial subyacente ha sido ejecutado defectuosamente[50], ya que resulta imprescindible probar que ha mediado un fraude calificado, esto es, la voluntad deliberada o intencional de engañar a la otra parte del crédito documentario en sí. Por tal motivo se afirma que en la actualidad, para la jurisprudencia inglesa el fraude debe resultar evidente o manifiesta a los ojos del banco cocontratante.

La exigencia del fraude calificado fue receptada por los tribunales norteamericanos, especialmente a través del caso “Sztejn”, donde se marcó claramente la diferencia entre la simple falta (breach of warranty) y el fraude intencional por parte del vendedor (intentional fraud on the part of the seller).

También encontramos aquella exigencia en la jurisprudencia suiza, ante la cual debe demostrarse “un comportamiento criminal” del vendedor, una maniobra fraudulenta concebida desde el momento de la conclusión del contrato y ejecutada deliberadamente. Una ruptura del contrato, aun cuando haya sido grave, no es considerado como elemento suficiente[51].

Sin embargo, la jurisprudencia general no exige con un rigor absoluto la prueba del fraude evidente. Como toda regla, cuando es apreciada en el plano fáctico, se la aplica con cierta flexibilidad ya que si se llevan los principios teóricos  a los límites del absurdo, éstos pierden todo interés práctico.

En tal sentido y haciendo referencia al fallo dictado en el caso United Trading Corporation SA v. Allied Bank de 1985, un juez inglés observó que una exigencia muy excesiva respecto a la prueba del fraude, aparejaría simplemente la imposibilidad de hacer aplicar esta figura en la práctica.

 

 

PARTE II: “Las dificultades prácticas y jurídicas en la sanción y prevención del fraude”

 

Un juez puede ser llamado a conocer o juzgar la existencia y eventuales consecuencias de un fraude antes o después del pago de la carta de crédito [52].

En ambos casos, la potencial o efectiva víctima tendrá interés en hacer aplicar alguna medida judicial: podrá invocar los recursos de su sistema jurídico nacional a fin de que se suspenda el pago hasta tanto se constate el fraude. Si el pago ya tuvo lugar y el fraude ha podido ser probado, la victima  buscará entonces hacer sancionar las consecuencias dañosas que se deriven.

Por lo general, la víctima de la que hablamos es el comprador. Por ejemplo, el exportador presenta sus documentos para el pago pero el importador sostiene que en realidad, las mercancías no sirven para nada, o que no existen o que no son las que él ordenó o que los documentos del vendedor son falsos.

También el banco puede tener interés en acudir a la justicia, ya que él pierde si el comprador se torna insolvente y se ha emitido una carta de crédito para garantizar el pago.

El banco puede ser la víctima de un complot criminal entre el importador y el exportador que se unieron para falsificar cartas de crédito. Imaginemos una entidad bancaria del país del vendedor que recibe un crédito aparentemente emitido por su corresponsal en el país del importador. Si el monto del crédito está por debajo de la cifra límite del banco es posible que éste no lo verifique con su corresponsal y pague al beneficiario, quien compartirá las ganancias con su cómplice.

En hipótesis menos frecuentes, la víctima podrá ser el vendedor.  Esto ocurrió en 1982, cuando un estafador de Nigeria indujo a unos vendedores extranjeros a despachar mercaderías contra cartas de crédito falsas. [53]

Lo cierto es que la sanción efectiva del fraude dependerá en gran medida de la concepción del juzgador al apreciar la prueba y los hechos controvertidos para decidir si el principio formalista tan arraigado en el ámbito del crédito documentario, puede ser  atenuado o apartado, al menos como caso de excepción.  

Para ello, el juez valorará que en ciertos casos constituiría una burla a la justicia mantener el aludido principio abstracto para beneficiar a una parte que ha actuado en forma fraudulenta o con definitiva mala fe en detrimento de una parte inocente.

Quienes sostienen una concepción “estricta” exigen la prueba de un fraude material (o en los documentos). Por ello rechazan cualquier alegación de fraude que implique tener que investigar el contrato comercial de base. [54]

Desde una visión más “amplia”, otros consideran que el fraude es un caso de excepción, por lo que debe ser admitido no sólo cuando se prueba que surge de “documentos falsos” sino también cuando se acredita que proviene de la operación subyacente. Esta postura admite que ante la prueba de un fraude intelectual, el juzgador pueda apartarse del principio de independencia y autonomía entre la operatoria comercial y el crédito documentario.

A continuación, analizaremos el tratamiento dado por la jurisprudencia de diversos países a las medidas y acciones intentadas por los damnificados de un fraude.

Será menester entonces estudiar hasta qué punto y en qué circunstancias el banco puede negarse a pagar cuando tiene ante sí indicios de importancia sobre la comisión de un fraude.

Cabrá también preguntarse si un tribunal puede suspender o derrotar el derecho del beneficiario a recibir el pago contra la entrega de documentos debidamente elaborados, cuando se le hace conocer  la existencia evidente de un fraude o una conducta ilegal similar.

Veremos que ello no sólo depende de la concepción estricta o amplia adoptada por el juzgador en cuanto al rigor del principio formalista, sino también de las soluciones doctrinales y procesales que ofrecen sus sistemas jurídicos.

 

A)     El tratamiento del fraude antes del pago del crédito documentario: Las medidas precautorias

 

Imaginemos que un importador está convencido de que el exportador lo ha engañado, aunque el banco no acepta la evidencia que le presenta. Para impedir que el dinero sea enviado al exportador en ultramar, el comprador tendrá interés en solicitar a los tribunales competentes que le den orden al banco de congelar provisionalmente los pagos, al menos hasta que se haya dilucidado la controversia.

Analizaremos a continuación, la admisibilidad de las medidas precautorias previstas en los distintos sistemas legales nacionales, a los efectos de suspender temporariamente o paralizar el pago del crédito documentario al beneficiario con causa en la presunta comisión de fraude.

En general, los jueces sólo concederán dichas medidas en casos de excepción, justificándola en la figura del fraude o en la de abuso de derechos que en algunas legislaciones ofrece bases similares.

La jurisprudencia de varios países ha fundado la admisibilidad de tales remedios provisorios teniendo en cuenta que : “Si se descubre que los documentos están falsificados antes de su aceptación de giro o pago, el banco estará autorizado, o podrá ser obligado, a rechazar tal aceptación o pago”.

Sin embargo ello no siempre es así porque en general, los tribunales analizan cuidadosamente si el ejercicio de su poder jurisdiccional en este ámbito perjudica incausadamente  la independencia del contrato de crédito.

Tal como veremos, los tribunales no suelen decidir el bloqueo del pago sólo porque exista una controversia en cuanto a la calidad de las mercancías. Y ello será así por cuanto:

Se entiende que si las partes acordaron el procedimiento de crédito documentario, lo hicieron  precisamente para que el vendedor cuente con la garantía de pago contra embarque.

Asimismo se considera que ante una controversia de ese tipo, es el comprador quien tiene que procurar obtener la devolución del dinero del vendedor (mediante un proceso o litis independiente de la realización del crédito documentario) y no el vendedor quien tiene que presentar una demanda para obtener el pago en su calidad de beneficiario de la carta de crédito. El negocio de ventas se estructuró sobre esta base en su totalidad. [55]

 

a.- El régimen aplicable en los sistemas  de derecho común: l´injunction

Primeramente, resultará útil señalar los principios formulados en la jurisprudencia británica, estadounidense y canadiense respecto a la injunction.

En inglés, el término “injunction” proviene de latin injungere (to enjoin): “in” in y  “jungere” to join. En francés es traducido como injonction.

Su significado ha sido caracterizado (en inglés) en los siguientes términos:

“An order of the court prohibiting (or compelling) the performance of a specific act to prevent irreparable damage or injury.  An injunction is available as a remedy for harm for which there is no adequate remedy at law. Thus it is used to prevent a future harmful action rather than to compensate for an injury that has already occurred, or to provide relief from harm for which an award of money damages is not a satisfactory solution or for which a monetary value is impossible to calculate. A defendant who violates an injunction is subject to penalty for contempt”.[56]

En el ámbito del crédito documentario, se tratará de una medida judicial preliminar o interlocutoria que solicitará la parte insatisfecha (especialmente, el ordenante) para que el juez competente ordene al banco que se abstenga de pagar, aún cuando éste pretenda hacerlo en el entendimiento que la operatoria se ajusta a los términos pactados en la carta de crédito o de garantía.

El propósito de esta órden en los casos internacionales, es mantener el dinero en el país hasta que el caso haya sido plenamente conocido por el Tribunal.

Sabido es que los tribunales norteamericanos han sido los pioneros en cuanto a la admisión del fraude como una excepción oponible al tradicional principio de autonomía del crédito documentario respecto de la operación comercial subyacente. Es así que las jurisdicciones de ese país no solamente han legitimado la negativa de un banco a pagar cuando se prueba la existencia de un fraude material, sino también cuando se trata de un fraude intelectual.

Por tal motivo, aquellos jueces han otorgado la injunction cuando los documentos presentados se relacionaban con un embarque real, pero también cuando hubo fraude en la compraventa.

En una sentencia norteamericana de 1976, se admitió la excepción de fraude teniendo en cuenta que se habían despachado guantes viejos, remendados, desflecados y mohosos. [57]

En el famoso caso “Sztjen v. Henry Schroeder Banking Corporation”,  el tribunal de Nueva York avaló la actitud de un banco que se negó a pagar teniendo en cuenta la injunction interpuesta por el comprador ante el fraude del exportador. Los jueces tuvieron en cuenta que en el fondo, el banco había actuado con diligencia y corrección.

Según el comprador recurrente se había producido un fraude que él puso en conocimiento del banco: Los documentos estaban en orden pero, en lugar de haberse despachado 50 cajas de costosas cerdas para cepillos, el exportador envió cajas llenas de pelo de vaca sin ningún valor.

El Tribunal sostuvo que la doctrina de la independencia de la carta de crédito en relación con el contrato de venta subyacente, no se debía extender hasta la protección de un vendedor inescrupuloso.

En los Estados Unidos, el principio que admite oponer la excepción de fraude está regido por el Uniform Comercial Code (UCC). De acuerdo a dicha normativa, el banco emisor de un crédito documentario, en ciertos casos, puede honrar su compromiso de pago a pesar de las advertencias de fraude que se le formulen. Su obrar estaría legitimado si quien presenta al cobro el documento librado contra el banco detenta regularmente el mismo.

Ahora bien, cuando el banco emisor fue advertido del fraude, se le reconoce el derecho a decidir honrar o no el documento librado contra el mismo. Sin embargo, esta decisión podría verse obstaculizada ante una resolución judicial que impida el pago, la aceptación o la negociación del documento, como sería el caso de otorgamiento de una injunction.

En el caso Dinamics Corporation, la Corte declaró la admisibilidad de una injunction preliminar para mantener el status quo de la situación de las partes intervinientes en un crédito documentario. El Tribunal consideró que en la especie el interés público exigía sancionar el fraude en vez de favorecer la libre utilización de las cartas de crédito.

La jurisprudencia inglesa ha adoptado una posición más estricta a la hora de pronunciarse sobre la admisibilidad del fraude, y por ende, el pedido de libramiento de una injunction.

Los jueces anglosajones privilegian el carácter autónomo del crédito documentario, considerando que fraude debe ser suficientemente probado para justificar la negativa del banco a pagar, más aún para admitir los efectos de una injunction que le impida hacerlo. [58]

Así se ha afirmado que “sólo en casos excepcionales interferirán los tribunales con la maquinaria de las obligaciones irrevocables asumidas por los bancos. Son la sangre vital del comercio internacional”.[59]

Lo expuesto se encuentra ilustrado por un caso en que los compradores habían ordenado la entrega de mercancías en dos lotes. El primer embarque no fue aceptable. Los compradores obtuvieron una orden judicial interina en Inglaterra, prohibiendo al vendedor hacer uso de una carta de crédito para un segundo embarque. 

Más tarde se negó una extensión de la prohibición judicial y el Tribunal de Apelaciones estuvo de acuerdo entendiendo que se había establecido un complejo sistema comercial sobre la base en que las cartas de crédito le imponen al banco una obligación absoluta de pagar. [60]

Generalmente, los jueces ingleses solo justifican la negativa del banco a pagar, o declaran admisible la injunction, cuando se ha logrado probar y establecer la existencia de un fraude evidente. Podemos citar una sentencia del juez Griffiths del Tribunal de Apelaciones inglés en la que se sostuvo (1981):

“La obligación del banco consiste en pagar a la presentación de los documentos auténticos de conformidad con los requisitos de la carta de crédito. Si los documentos presentados son fraudulentamente falsos, no se considerarán como documentos genuinos y conformes y el banco no tendrá obligación de pagarlos”. 

Por su parte, los tribunales canadienses de derecho común, reconocieron que el fraude tiene entidad suficiente para ser opuesto al principio de la independencia y autonomía del crédito documentario, reconociendo la injunction solicitada por la parte damnificada, siempre y cuando haya informado al banco antes del pedido de pago efectuado por el beneficiario.

 

b.- El régimen aplicable en los sistemas  de derecho civil:  La saisie- arrêt francesa [61]

Esta medida precautoria será pretendida especialmente por el ordenante, pero también por el banco y por algún acreedor del beneficiario. Según cual sea la parte interesada, su procedencia será objeto de mayores o menores controversias por las jurisdicciones francesas. 

Veremos en primer término el tratamiento dado a la saisie- arrêt  intentada por el ordenante.

En principio, los tribunales franceses no la admiten, salvo excepcionalmente ante un fraude.

Para la aplicación de este procedimiento procesal francés a los créditos documentarios, el beneficiario se considera como el acreedor del banco. Si el vendedor ha defraudado al comprador, estará en deuda para con éste. Por lo tanto, en principio, el comprador podría embargar la suma pagadera al vendedor por el banco, bloqueando el pago.

Sin embargo, este razonamiento no siempre ha sido aceptado, especialmente por el Alto Tribunal francés según la cual, admitir la saisie del ordenante resultaría incompatible con el carácter irrevocable del crédito documentario.

Es así que la Cour de Cassation[62] ha afirmado que si el ordenante pudiere saisir o embargar el monto del crédito, estaría en realidad contradiciendo el compromiso que él mismo asumió al hacer abrir un crédito documentario irrevocable. [63] Para llegar a esta conclusión, el tribunal se basó en el Código Civil francés como en las Reglas y Usos Uniformes.

No obstante, resulta necesario destacar que existe actualmente una tendencia de los tribunales inferiores más flexible, en favor de la admisibilidad de la saisie-arrêt intentada por un ordenante bajo ciertas circunstancias.

Por ejemplo, la Cour d´Appel francesa[64] ha exigido para otorgar la saisie que el ordenante demuestre ser titular de  un principio de acreencia a su favor.

Cuando los documentos presentados son falsos, sea que ello surja de su aspecto extrínseco o desde el punto de vista ideológico, el ordenante podría solicitar la medida si informó al banco sobre tal falsedad  antes de que éste haya cumplido con su prestación – el pago -.

Esta atenuación en la jurisprudencia francesa comenzó a partir de un fallo de la Cour d´Appel de Aix-en-Provence (del 14/11/86). En dicha oportunidad el Tribunal admitió la posibilidad de bloquear el crédito documentario sobre la base de una decisión expresa del juge des référés[65] , cuando se invoque la comisión de un fraude por parte del beneficiario del crédito documentario. Como condición se exige al ordenante,  que acredite la existencia de un fraude y su carácter evidente, casi cercano a la certeza.

Si bien en principio, el Alto Tribunal francés parece rechazar de plano el derecho del ordenante a una saisie- arrêt, su postura es diferente cuando quien la invoca es el banco interviniente en el desarrollo del crédito documentario.

En efecto, según el máximo Tribunal, nada impide que se reconozca al banco encargado de controlar los documentos, el derecho a interponer una saisie- arrêt, cuando ha podido constatar cierto número de irregularidades.

Sin embargo, para que el banco pueda legítimamente negarse a pagar, negociar o aceptar el crédito documentario, no necesita interponer en todos los casos dicha medida judicial.

Ello es así por cuanto es en definitiva el banco quien debe tomar solo su decisión de no pagar cuando se le ha hecho conocer la existencia de un fraude.

Esta línea de pensamiento fue asentada por la Cour de Cassation en una sentencia de 1953 cuando sostuvo que un banco tenía derecho a negarse a pagar una vez que tuvo conocimiento de que las mercancías, que se creía que eran relojes suizos, eran en realidad artículos sin ningún valor. [66]

En tal supuesto, la entidad bancaria no tiene obligación de acudir al juez competente para obtener una orden judicial que legitime su decisión de no pagar, sin perjuicio de que con tal decisorio, el banco verá facilitado tal proceder.

En todo caso, si el banco decidiera pagar aún a sabiendas de la existencia de un fraude en la operatoria, su responsabilidad podrá verse comprometida.

Cuando la saisie del importe correspondiente al pago es ejercida por un acreedor del beneficiario, la jurisprudencia suele admitirlo considerando que se trata de un tercero respecto del contrato en análisis.

Un caso particular de saisie-arrêt aparece frente a créditos documentarios de pago diferido puesto que la admisibilidad de dicha medida ha sido aceptada sólo recientemente por la jurisprudencia francesa.

Recordamos que el crédito documentario de pago diferido constituye una modalidad expresamente reconocida por el  art. 10 a) de las RUU 500 que dispone:

“Clases de Créditos”: “Todos los créditos deben indicar claramente si son utilizables para pago a la vista, pago diferido, aceptación o negociación...”

Bajo un crédito de pago diferido, no se emite letra de cambio. La obligación del banco a pagar en una fecha diferida se torna incondicional, una vez que se han presentado los documentos conformes y estos resultan aceptados, aunque sigue siendo una obligación según las disposiciones del crédito documentario.

Para dicha modalidad específica, la jurisprudencia francesa entiende que el banco designado que hace un pago anticipado en favor del beneficiario, no realiza ni cancela el crédito documentario a pago diferido, sino que otorga un adelanto que se sitúa fuera del crédito documentario en sí.

Esta postura habilita al ordenante que puede aportar la prueba de un fraude antes del vencimiento del plazo para el pago en un crédito documentario a pago diferido, a oponerse a la cancelación o realización de dicha operatoria.

Consecuentemente, si el fraude del beneficiario es descubierto después que los documentos han sido aceptados pero antes de la fecha de vencimiento prevista para el pago (diferido), el ordenante podría oponerse al pago interponiendo una saisie- arrêt  ante el juez competente.

Tal medida precautoria sería procedente aún cuando el beneficiario haya cedido sus derechos de pago a un tercero. Esta cesión no tendría el mismo efecto que la transferencia de un instrumento negociable dado que el cesionario no puede recibir un mejor derecho al pago que el que el beneficiario podría conceder.

 

B)     El tratamiento del fraude que se configura después de la realización del crédito documentario

 

En todo crédito documentario intervienen como mínimo tres partes: el banco emisor, el ordenante y el beneficiario.

Existen entonces al menos, dos vías recursivas a analizar, en función de la parte en el crédito que se crea legitimada a ejercerla. Veremos así cuales son las acciones y recursos reconocidos hasta el presente a la entidad bancaria y cuáles estarían en principio, a disposición del ordenante.

a) Vías recursivas a disposición  del banco: la repetición del pago indebido o incausado

Cuando el fraude se descubre después del pago, aceptación o negociación del crédito documentario a favor del beneficiario, el banco emisor podrá ver perjudicado sus intereses patrimoniales. Nacerá entonces un derecho personal y propio del banco respecto al beneficiario.

En tal caso, el principio que consagra el carácter autónomo y abstracto de la obligación del banco, es decir su independencia respecto a la compraventa, encuentra una justa limitación.

Frente a un fraude, la jurisprudencia reconoce -en principio- al banco su derecho a ejercer una acción de repetición contra el beneficiario que ha percibido incausadamente el monto del crédito, aplicando de esta forma el concepto de enriquecimiento sin causa.

Ello es así porque el pago no es “in solutum”, sino “pro solvendo”, o sea, subordinado al buen fin de la operación. Si el crédito que alegaba tener el beneficiario no es tal, el banco emisor tendrá siempre contra él la acción de retorno expedita aunque su resultado pueda ser en la práctica, muy dudoso.

Cabe destacar que al igual que otros grandes principios del derecho, la figura del enriquecimiento sin causa no juega más que en forma subsidiaria respecto a las reglas particulares que el legislador ha dictado para situaciones específicas. La aplicacón amplia del enriquecimiento sin causa dejaría sin efecto la legislación en torno a prescripción, cosa juzgada, preclusión, prueba, etc.

Por su parte, debe distinguirse los casos, según que el beneficiario haya actuado o no de buena fe.

Analizaremos primero la situación del banco cuando ha mediado fraude del beneficiario [67] destacando que en la práctica ése resulta ser el caso más típico, esto es, cuando el beneficiario presenta  documentos irregulares al banco designado, y a sabiendas de tal circunstancia con el sólo objetivo de obtener una satisfacción indebida del pago.

Si el banco paga contra documentos aparentemente conformes, convencido de que los documentos son regulares, el comprador es quien generalmente debe reembolsar en  caso de fraude.

En tal sentido, el UCC[68] de Estados Unidos dispone en su art. 5-114 (2) (b) que: “...en contra de su cliente un emisor que actúa de buena fe puede aceptar la letra de cambio o la exigencia de pago a pesar de que el cliente haya enviado notificación de fraude, falsificación u otro efecto no aparente a primera vista en los documentos.....”

Ahora bien, cuando el banco paga sobre la base de documentos fraudulentos, ya sea por inadvertencia o negligencia de su parte, pierde su derecho a reclamar dicho importe al comprador/ordenante. 

El banco tendrá que soportar la pérdida si paga a pesar de la evidencia clara de fraude o si no reacciona a las señales de advertencia[69], puesto que una de sus obligaciones es la de actuar con precaución y destreza al cierre de la transacción.

En un caso decidido en 1974, un tribunal belga estimó que aunque los bancos no eran responsables de la autenticidad de los documentos, si lo eran por haber pagado contra documentos abiertamente irregulares a primera vista.[70]

Más allá de lo expuesto, la jurisprudencia reconoce al banco el derecho a ejercer una acción de repetición contra el beneficiario en virtud del principio “fraus omnia corrumpit”, a fin de condenar un fraude cometido intencionalmente por aquel.

En una especie sometida a la Cour de Cassation francesa (fallo del  6/5/69), se habían emitido dos créditos documentarios para posibilitar la venta de cierta cantidad de madera.

Los documentos de uno de los créditos documentarios fueron aprobados por uno de los bancos intervinientes aún cuando no habían sido firmados por la persona legitimada a tal efecto de conformidad a los términos del contrato de crédito. El beneficiario había hecho valer un simple visado.

Por tal motivo, el banco emisor del ordenante se negó a reembolsar dicho monto a su corresponsal bancario, por lo que éste no tuvo más remedio que accionar contra el propio beneficiario.

La Cour de Cassation aprobó ese proceder del banco corresponsal teniendo en cuenta que el beneficiario era consciente de que estaba presentando certificados que carecían de las firmas de las personas legitimadas para suscribirlos. El Alto Tribunal valoró que la conducta del beneficiario tuvo como objetivo el de percibir indebidamente los importes de ambos créditos documentarios.

Es así que el beneficiario-presentante de documentos irregulares o sin valor, en circunstancias como la descripta comete una falta y, en virtud de la regla “fraus omnia corrumpit” debe responder por el perjuicio causado al banco.

En dicha especie, no pasó desapercibida el evidente descuido del banco al examinar los documentos ya que en su calidad de profesional en esta materia debió haber podido discernir la irregularidad.

Sin embargo, la Cour de Cassation rechazó la defensa del beneficiario que intentó valerse de la conducta negligente del banco y decidió sancionar únicamente la actitud fraudulenta del aquel.

Este caso demuestra que a fin de sancionar la mala fe del beneficiario, los Tribunales aceptan más facilmente dejar de lado (a modo de excepción) el principio del estricto formalismo.

Un comentario aparte merece nuevamente el crédito documentario de pago diferido.

En varios casos, ha habido bancos que han pagado al beneficiario antes de la fecha de pago diferido estipulada en el crédito y el fraude del beneficiario sólo es descubierto después de hecho el pago.   

Existe la duda si debe reconocerse al banco pagador su derecho a exigir el reembolso del pago incausado, ya que dicho pago no fue hecho estrictamente de conformidad a lo pactado en el crédito. Sin embargo, la posición de los tribunales dista de ser clara al respecto.

Puede citarse una especie en la que  un comprador suizo ordenó tapices finos y otros textiles a un vendedor de Hong Kong. La carta de crédito estipulaba el pago a 90 días a partir del conocimiento de embarque. El comprador inspeccionó las mercancías antes de que hubieran transcurrido los 90 días y descubrió que carecían virtualmente de valor. Mientras tanto, el banco emisor había hecho un pago anticipado con base en un descuento a través de un banco corresponsal en Hong Kong.

El Tribunal suizo le ordenó al comprador reembolsar el pago a su banco por diferentes razones. En primer lugar porque el pago de una deuda antes del vencimiento fue autorizado por la Ley de Obligaciones de Suiza. Consecuentemente la acción del banco no contravenía las instrucciones del ordenante mismo.

Por otro lado, se puso de resalto que el propósito de un crédito documentario diferido era el de permitirle al comprador tiempo suficiente para pagar y no la posibilidad de detener  el pago después  de haber examinado las mercancías. [71]

Veamos ahora los supuestos en que la prueba del fraude ha sido aportada, pero éste no encuentra su orígen en el obrar del beneficiario quien logra acreditar su buena fe.

La cuestión a resolver es si el benefeciario de buena fe puede verse obligado a reembolsar el precio de las mercaderías, en virtud de un fraude que ha sido constatado  pero en el cual, él no ha participado.

Distintas decisiones jurisprudenciales afirman que los principios del crédito documentario recobran aquí todo su vigor, sin que pueda jugar la figura del fraude como excepción.[72] 

Se entiende que si los documentos presentaban la apariencia de conformidad y si el fraude no emanó del beneficiario, el crédito documentario debe pagarse normalmente.

Esta drástica postura afectará directamente al ordenante, pues a pesar de haberse probado el fraude, será él quien en definitiva deberá devolver al banco emisor el importe del crédito documentario.

La posición señalada se basa en una concepción restrictiva por la que el juzgador se considera autorizado a soslayar el hecho objetivo de que un fraude ha sido efectivamente perpretado, rechazando todo apartamiento de los principios básicos del crédito documentario.

Asimismo se ha invocado que al obligarse, el ordenante aceptó voluntariamente los riesgos inherentes a todo contrato comercial, lo cual incluye el haber elegido a un cocontratante que cometió el fraude en su perjuicio. Indirectamente, el juez estaría sancionando la culpa in eligendo del ordenante.

Esta solución parece excesiva porque resulta de dudosa equidad desde el punto de vista del ordenante. Por otro lado, se ignora de plano el principio según el cual, el fraude descubierto antes del pago paraliza la realización de éste último.

En último término, la solución señalada ignoraría la importancia de la sinceridad de los documentos, ya que éstos deben corresponderse con la realidad de las prestaciones.

A todo evento, el juez valorará si el pago al beneficiario ha sido efectuado con o sin reservas por parte del banco.

Cuando el pago se realiza “con reserva”[73] sólo se convertirá en definitivo  cuando sea ratificado por el ordenante. La reserva será instrumentada bajo la forma de una garantía. 

Si el beneficiario considera que dicha reserva es injustificada, podrá hacerlo valer ante la justicia, para solicitar el levantamiento de la reserva o para hacer declarar que la obligación de reembolsar el crédito es infundada.

Veamos ahora qué sucede cuando el crédito documentario se paga “sin reservas”.

Como ya hemos visto, una de las condiciones del crédito documentario consiste en la existencia de documentos regulares y válidos. Algunos deducen que aún cuando el banco haya pagado mediando una irregularidad, debe permitírsele repetir contra el beneficiario. Y ello a pesar de no haber contado con una ratificación o conformidad del pago efectuado, por parte del ordenante.

Sin embargo, esta posición no es unánime en doctrina.

Por último, distinto será el caso en el que es ordenante quien comete un fraude perjudicando al banco emisor, por ejemplo, al retirar la mercadería con un juego falso de documentos. La independencia del vínculo jurídico que une al ordenante con el banco emisor no impedirá la admisión de los documentos presentados por el beneficiario, si éstos tienen la apariencia de conformidad. 

Tal no sería la solución, si el beneficiario ha cometido o ha sido cómplice del fraude.[74]

Veremos seguidamente que cuando hay un fraude en un crédito documentario, no solamente el Banco puede aprovechar las vías recursivas de su derecho nacional para verse resarcido de su perjuicio. El ordenante también puede hacerlo por lo que corresponde analizar las vías judiciales a la que puede ocurrir, sus requisitos  y eventuales consecuencias.

b- Vías recursivas a disposición del ordenante: la acción por responsabilidad contractual y la acción por daños y perjuicios.

 

Analizaremos primero la acción por responsabilidad contractual que el ordenante puede iniciar contra el banco y que reconoce su fundamento en el incumplimiento del deber de diligencia a cargo de éste.

 

Según el art. 13 a) de las Reglas y Usos Uniformes (RUU 500, 1993):

 

“Los bancos[75].....deben examinar todos los documentos estipulados en el Crédito con un cuidado razonable, para comprobar que, aparentemente, están de acuerdo con los términos y condiciones del Crédito....”

 

En similares términos, pero respecto a las obligaciones del “Banco Avisador”, el art. 7 de las RUU 500, 1993 dispone:

 

“a) Un Crédito puede ser avisado al Beneficiario a través de otro Banco, sin compromiso por parte de éste último (“Banco Avisador”), pero el Banco Avisador, si acepta avisar el Crédito pondrá un cuidado razonable en verificar la aparente autenticidad del Crédito que avisa.

 

b) Si el Banco Avisador no puede establecer la aparente autenticidad del Crédito, informará sin demora de ello al banco del que parece haber recibido las instrucciones y si, no obstante, decide avisar el Crédito, informará al Beneficiario de que no le ha sido posible establecer la autenticidad del Crédito.”

 

En cuanto al exámen de los documentos, el deber de comprobar su “aparente conformidad” se interpreta como que el Banco no debe concretar el crédito documentario cuando se presentan documentos que no condicen con los estipulados. Consecuentemente, más gravosa será dicha obligación si los documentos resultan ser fraudulentos.

 

Es así que el banco que por su accionar, permitiera o facilitara la perpetración de un fraude pueden ver comprometida su responsabilidad y ello, más allá de la validez que se pretenda atribuir a las normas exonerativas previstas por los “Usos y Prácticas Uniformes” tales como el art. 15 (“Exoneración respecto a la validez de los Documentos):

 

Los bancos no asumen obligación o responsabilidad respecto a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad, falsedad o valor legal de documento alguno, ni respecto a las condiciones generales o particulares que figuren en los documentos o que se añadan a ellos; tampoco asumen obligación o responsabilidad alguna por la descripción, cantidad, peso, calidad, estado, embalaje, despacho, valor o existencia de las mercaderías representadas por cualquier documento, ni tampoco a la buena fe, a los actos y/o las omisiones, a la solvencia, al cumplimiento de las obligaciones, o a la reputación de los expedidores, de los transportistas, de los transitarios, de los consignatarios o de los aseguradores de las mercancías o de cualquier persona quien quiera que sea.”

 

Cuando el banco es anoticiado de un fraude y ello es probado, sólo él podrá tomar la decisión de no pagar.

 

Para ello no necesita de una órden judicial que le prohiba expresamente proceder al pago, aunque en tal caso, se vería facilitada su postura.

 

En este sentido cobra toda su vigencia la obligación inexcusable del Banco de examinar la estricta conformidad de los documentos, con un cuidado razonable.

 

Esta regla implica que el banco debe aportar la vigilancia o diligencia que puede exigírsele como profesional que es en esta materia, por lo que frente a un fraude debe responder indiscutiblemente si hubo de su parte dolo o culpa grave y eventualmente por su culpa leve. Aquí los tribunales deberán ponderar el grado de negligencia o culpa del banco en el exámen de los documentos. [76]

 

La Cour d´Appel de Colmar en Francia se pronunció al respecto el 14/6/85 afirmando que el banco que pagó a pesar de haber mediado un fraude establecido y probado, ha violado gravemente el deber de vigilancia y de prudencia a su cargo.

 

Es así que cuando el ordenante llega a demostrar la negligencia del banco en el exámen de los documentos, puede accionar contra el mismo con fundamento en la violación de deberes contractuales a su cargo, invocando el art. 1134 del Código Civil francés, el art. 13 a) RUU 500 1993 y en su caso, el art. 7 de dicho cuerpo normativo.

 

Cobrará aquí toda su vigencia el principio general de derecho según el cual, la inejecución de una obligación hace responsable al que no la cumplió si este incumplimiento le es imputable. La derogación contractual de ese principio no tendrá validez frente a un fraude permitido o perpretado con causa en la negligencia o culpa grave del banco.

 

Veremos ahora que el ordenante puede intentar la acción por daños y perjuicios para que se apliquen las reglas sobre la responsabilidad civil que le permitan recuperar el monto del crédito.

 

El ordenante se dirigirá primero contra el banco emisor, lo que resulta normal si se tiene en cuenta que dicha entidad constituye la contraparte principal en el negocio jurídico complejo que analizamos.

 

Si el banco emisor conocía la existencia de un fraude, tenía el deber de informar inmediatamente a su corresponsal extranjero e impedirle que realice el crédito, ya sea revocándole la autorización de pagar dada al banco notificador[77] o remitiéndole la prueba sobre la existencia del fraude, en caso de existir un corresponsal que ha confirmado el crédito.

 

Si un banco confirmante también interviene, y aún cuando éste asuma un compromiso personal independiente del contraído por banco emisor, podrá ver su responsabilidad contractual en juego a través de una demanda por daños y perjuicios incoada por el ordenante. Ello, en el caso de que a pesar de la información y prueba del fraude suministrada por el banco emisor, la entidad confirmante igual hubiese pagado.

 

 

 

Conclusiones:

 

 

La dimensión de las consecuencias económicamente dañosas del fraude en el crédito documentario y las dificultades para prevenir que se lleve a cabo, en detrimento de la confianza y certeza que todas las partes que intervienen buscan en la operatoria, han llevado a autores, entidades bancarias agrupadas en distintas asociaciones y diversos organismos internacionales a aunar sus esfuerzos para repensar y poner en marcha medidas preventivas.

 

Nos parece útil poner de resalto a modo de conclusión, algunas de los recursos e ideas que vienen desarrollandose en distintos foros:

 

La Conferencia de Comercio y Desarrollo Comercial de las Naciones Unidas (UNCTAD), un organismo que se preocupa especialmente por el Tercer Mundo, ha estado sugiriendo que los bancos deben hacer algo más para ayudar a sus clientes (especialmente el ordenante del crédito documentario) a evitar el fraude. Está trabajando en una propuesta de un “superservicio” bancario que podrá ofrecerse en forma opcional. El banco, además de examinar los documentos, verificaría la identidad de quien los emite, para garantizar más oficialmente su autenticidad.

 

Probablemente, se tendría que especificar la obligación del banco en tal sentido, entre las cláusulas del crédito documentario y como una condición adicional para el pago. Esto indicaría al vendedor/beneficiario que las restantes partes intervinientes han tomado precauciones especiales. Si el comprador/ordenante solicitara el procedimiento propuesto, será un indicio de que ya tiene sospechas sobre su proveedor

 

Algunos observadores de otros ámbitos consideran también que el banco emisor podría dar mayores informaciones al ordenante del crédito desde el comienzo, mientras que los bancos designados para manejar el crédito en el país del exportador, podrían hacer algunas verificaciones preliminares  relacionadas con el beneficiario.

 

Ciertas Organizaciones Internacionales se ocupan también del fraude en el credito documentario pero en lo que tiene directa vinculación con su faz marítima.

 

En tal sentido, puede citarse al International Maritime Bureau (IMB) con sede en Londres. Se trata de una entidad que surgió de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y que revisa investigaciones, organiza seminarios para la prevención de fraudes marítimos y circula un boletin confidencial entre sus miembros.

 

Por su parte, y más allá de las actividades más arriba indicadas, la UNCTAD se ha estado interesando ampliamente en todos los detalles del fraude marítimo, por lo que procura fomentar una mejor distribución de  información y una mayor cooperación entre los gobiernos.

 

El Baltic Mercantile and Shipping Exchange, con sede en Londres es el principal mercado fletador de buques del mundo. El contratar el fletamento de un buque a través de esta entidad puede reducir el riesgo de fraude aunque no eliminarlo por completo.

 

Existe también una Conferencia Marítima Báltica Internacional que distribuye semanalmente una circular confidencial a sus miembros. Los problemas de fraude son uno de los muchos aspectos de los que se ocupa.

 

Los servicios de información de embarque de la Loyd ofrecen un servicio de clasificación y registro de buques mercantes. La información contenida en el registro  podría servir como medida de seguridad previa para algunas víctimas potenciales de fraude.

 

Varias Cámaras de Comercio y Federaciones de los países árabes procuran coordinar esfuerzos contra el fraude marítimo en esa región y el Secretariado del Commonwealth en Londres ha establecido una oficina que se ocupa de estudiar los casos de fraude comercial. Los países miembros se hallan preocupados porque los fraudes están adequiriendo proporciones capaces de afectar algunas economías nacionales del Tercer Mundo.

 

Otros Organismos interesados en este aspecto son: la Interpol (La Organización Internacional de Policía Criminal), los clubes para la protección e indemnización  de los propietarios de buques, la Asociación de Salvamento con base en el Reino Unido financiada por Compañías Aseguradoras, etc.

En Francia se ha comunicado recientemente la creación del Observatorio de Seguridad de cartas de pago. Esta entidad ha sido creada oficialmente en Francia mediante el decreto del 2 de mayo del 2002 (publicado en el Jounal Officiel el 4/5/2002).

El observatorio hace un estrecho seguimiento de las medidas adoptadas por quienes emiten cartas de crédito a fin de reforzar la seguridad de las partes en las mismas.  En tal sentido, la nueva entidad es la encargada de establecer estadísticas en materia de fraude.

El Observatorio cuenta con 35 miembro entre los que participan representantes de las administraciones públicas directamente interesadas, diez representantes de entidades emisoras de cartas de pago así como cinco representantes de las organizaciones profesionales de comerciantes.

Más allá de las medidas preventivas apuntadas en curso de elaboración e implementación, quedan siempre las dudas que la práctica del crédito documentario ha generado frente a casos de fraude y que no encuentra resolución definitiva en la doctrina y jurisprudencia que se ha elaborado en la materia hasta nuestros días.

 

Como hemos visto, la carta de crédito típica comprenderá casi siempre como mínimo a  dos bancos situados en países distintos. Si el crédito está disponible en las ventanillas de un banco en el país del comprador, y aún más si se trata de un crédito confirmado, puede ser necesario que los dos bancos sean parte de cualquier proceso legal.

 

Algunos de los interrogantes que se pueden presentar y cuyas respuestas no son unívocas incluyen:

 

Qué Tribunal tiene jurisdicción?

Será posible que la decisión emitida en un país sea reconocida en otro?

Deberán presentarse acciones simultáneas contra ambos bancos en las dos jurisdicciones?

Qué ocurre si se obtienen decisiones en conflicto o contradictorias?

 

Si se obtiene una prohibición judicial contra el banco emisor, éste podrá cancelar sus instrucciones de pago a su corresponsal extranjero. No obstante, este no será el caso si el banco extranjero ha confirmado el crédito a solicitud del banco emisor o con la aprobación del mismo. El banco confirmador se habría comprometido a una obligación individual e independiente de pago hacia el beneficiario.

 

Más allá de la posición legal exacta de cada banco interviniente, no debe olvidarse que existen riesgos de mercado si el banco se niega a pagar, ya sea a su corresponsal o a su cliente (el beneficiario). Si frente a una evidencia de fraude el banco se niega a pagar, corre un riesgo importante de arruinar su posibilidad de negociar e una parte del mundo en donde espera efectuar operaciones en el futuro.

 

En tal sentido, una órden judicial podría liberar al banco de tener que tomar una decisión, pero no siempre el resultado de éstas son predecibles frente a un caso de fraude en el que debe valorase cuestiones de hecho y  prueba.

 

Tal como hemos analizado, en muchas jurisdicciones los bancos pueden negarse a pagar únicamente si hay un fraude bien establecido y los tribunales se limitan a las mismas bases para decidir si deben prohibir o no el pago.

 

Deben los jueces ejercer una discreción más amplia para ayudar a contrarrestar el fraude? Y si lo hicieren, sería éste un factor que debilitaría considerablemente la dinámica del crédito documentario dificultando aún más el comercio?

 

Donde se encuentra entonces el equilibrio de los intereses? [78]

 

Es nuestra tarea y la de todos quienes se interesan vivamente por el crédito documentario, como instrumento de desarrollo esencial en el comercio exterior, poder dilucidar esta y las restantes inquietudes esbozadas en el presente trabajo, a la luz de parámetros más uniformes y generalizados.

 

 

BIBLIOGRAFIA Y JURISPRUDENCIA

 

OBRAS Y ARTICULOS DOCTRINARIOS

 

-        CCI - Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios” – RUU 500 o “ICC – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits”.

Reglas emitidas por la CCI (Cámara de Comercio Internacional)

-        ICC Publishing SA (International Chamber of Commerce):

38, Cours Albert 1°

75008. Paris, France

Tél: 00 33 (1) 49 53 28 28

Fax: 00 33 (1) 49 53 28 62

Télex: 650 770

-        ICC Publishing, Inc. (International Chamber of Commerce):

156, Fifth Avenue, Suite 820

New York, N.Y. 10010

United States

Tel: (212) 206 1150

Fax: (212) 633 6025

-        CCI – Cámara de Comercio Internacional (Comité Español):

-        Avinguda Diagonal, 452-454

-        08006. Barcelona

-        Tel: 416 93 00

-        Tel-Fax: 416 93 01

-        Télex: 54 713 Coiba E.

-        Ellinger, E. P. “Fraud in Documentary Credit Transactions”, JIBL, 1981, pág. 253

-        Epschtein y Bontoux, “Sécurités et Précarités du crédit Documentaire”, Paris, 1964.

-        Ferronnière, Jacques. “Las operaciones bancarias”, Fedye.

-        Goldschmidt, Werner. “Derecho Internacional Privado”, 8° 1999, Editorial Abeledo-Perrot.

-        Kawan, K. « La fraude dans le crédit documentaire, confusion ou cohésion », RDAI, 1991, pág. 797 y referencias bibliográficas allí citadas.

-        Martin, C. « Le crédit documentaire, la fraude et la révision 1983 des RUU », RDAI 1985-371.

-        Mattout, P. P. “Droit Bancaire International”, Banque Editeur, 2° edición.

-        Olarra Jimenez, Rafael. “Manual del Crédito Documentario”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966.

-        Ossorio, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales” T. 1° y 2°, Edit. Aries. 1993.

-        Pomerleau, M. La fraude du bénéficiare du crédit documentaire irrévocable, Etude comparative en droit commercial international, Cahiers Juridiques et Fiscaux de l´Exportation 1984-13.

-        Rowe, Michael. “Cartas de Crédito”, Federación Latinoamericana de Bancos – Biblioteca Felaban.

-        Todd, P.N. “Seller and Documentary Credits”, JIBL, 1983, pág. 468.

-        Torres, Pedro E. “El Crédito Documentado”, Edición actualizada por José D. Ray, con la colaboración de Marcial J. Mendizabal y Luis B. Montiel. Editoria Platense, 1967.

-        Villegas, Carlos Gilberto. “Comercio Exterior y crédito documentario”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999.

 

JURISPRUDENCIA

 

-        ARGENTINA

-        CNCom., Sala B, abril 20 de 1956, Andreoli, Hildo y Testore, Luis c/Irigoyen, Juan Luis - Banco de Avellaneda, tercería de mejor derecho.

-        CNCom., Sala A, marzo 22, 1977. ED, 74-440.

-        CNCom., Sala A, junio 28 de1196.

-        BELGICA

-        Brusseis Commercial Court, 2/5/1974. Kreglinger v. Union Zairose de Banques.

-        Cour d´Appel Anvers, 23/9/81, Revue de droit commercial belge, 1986, pág. 367.

-        CANADA

-        Corte Suprema de Canadá, 5/3/87, D. 1988, I.R. 186, obs. Vasseur.

-        Platinum Communications Systems Inc. V. Imax Corporation and Bank of Nova Scotia, JIBL 1989, N. 222

-        CDN Research of Development v. The Bank of Nova Scotia.

-        ESTADOS UNIDOS

-        Nacional Financiera v. Banco de Ponce, 275 App. Div. (N.Y.) 827, 89, N.Y.

-        Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corporation N.Y. S 2d 631 (1941).

-        United Bank Ltd. V. Cambridge Sporting Goods Corporation, 392 N.Y.S. (1976).

-        FRANCIA

-        Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 4/3/53, S. 1954, 1, 121, nota Lescot.

-        Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 6/5/69, JCP 1970, II, 16216, obs. J. Stoufflet.  

-        Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 24/3/1980, Bull. IV, n° 140, pág. 108.

-        Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 14/10/1981, Discount Bank.

-        Cour de Cassation, Chambre Commerciale,  7/4/87, Banque 1987, pág. 625, obs. Rives-Lange ; JCP 1987, Ed. CI, 14973, obs. Stoufflet ; D. 1987.399, obs. Vasseur ; H. Synvet, DPCI 1987, pág. 704 ; J.P. Mattout y A. Prüm, DPCI 1988, pág. 107 ; Paris, 1/7/87, D. 1988, I.R. 185.

-        Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 29/6/93, publicado en Lexilaser, fallo 1192, recurso n° 91-18-823.

-        Cour de Cassation, Chambre Commerciale,  29/4/97, “Automobiles Peugeot”.

-        Cour d´Appel de Colmar, 14/06/85.

-        Tribunal de Paris, 27/2/92, RDBB 1992, 173, obs. M. Contamine-Raynaud ; D. 1994, Som. 27, obs. M. Vasseur, rechazo del recurso por la Cour de Cassation Chambre Commerciale, el 29/11/94, RJDA 1995, 261. Revisión de dicha decisión por la Cour de Paris, el 7/6/96.

-        Tribunal d’Agen, 27/6/88, D. 1990, I.R. 179.

-        Tribunal de Commerce de Paris, 2/12/1991, D. 1994, Som. 21, obs. M. Vasseur.

-        ITALIA:

-        Tribunal de Turín, diciembre 29 de 1948.

-        Corte de Apelaciones de Génova, marzo 25 de 1949.

-        REINO UNIDO

-        Malass v British Imex Industries Ltd (1957) 2 Lloyd’ s Rep. 549.

-        Discount Records Ltd. v  Barclays Bank Ltd. and Barclays Bank International Ltd (1975) 1 Lloyd’ s Rep. 444.

-        Establissement Esefka International Anstalt v. Central Bank of Nigeria (1975) Lloyd’ s Rep. 445.

-        Edward Owen v. Barclays Bank International, Corte de Apelaciones, (1978).

-        R. D. Harbottle (Mercantile) Ltd. V. National Westminster Bank (1978) 1 Q. B. 146.

-        The American Accord [1979] 1 Lloyd’ s Rep 267

-        United City Merchants Case (1983) A.C. 168 

-        United Trading Corporation SA v. Allied Bank (1985).

-        SUDAFRICA

-        Loomcraft Fabrics CC v. Nedbank Ltd and Another, 1966 (1) SA 812 5A), Appelate Court, JIBL 1996, N-155.

-        SITIOS INTERNET DE INTERES

-        http://www.usdoj.gov/usao/eousa/kidspage/glossary.html :  U.S. Department of Justice 

-        http://dictionary.lp.findlaw.com/: Find Law for Legal Professionals.

-        ABREVIATURAS

-        CCI: Cámara de Comercio Internacional.

-        IMB: International Maritime Bureau.

-        INTERPOL: La Organización Internacional de Policía Criminal.-

-        RUU 500: Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios (Cámara de Comercio Internacional)

-        UCC: Uniform Comercial Code o Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos.

-        UNCTAD: Conferencia de Comercio y Desarrollo Comercial de las Naciones Unidas.


 

[1] Es sabido que el crédito documentado o documentario se origina en la necesaria celeridad propia del tráfico mercantil en general.....y ....simplifica la carencia de efectivo de los mercaderes.. CNCom., Sala A, marzo 22 1977. ED, 74-440.

[2] El crédito documentario puede formalizarse según distintas modalidades, como : crédito documentario revocable, irrevocable, irrevocable no confirmado, transferible, etc.

[3] Generalmente la sucursal del banco emisor situada en el país del exportador.

[4] El banco podrá obligarse a hacer efectivo el crédito, a aceptar las letras del beneficiario o a descontarlas.

[5] Olarra Jimenez, Rafael. “Manual del Crédito Documentario”, Edit. Abeledo-Perrot, Bs. As, 1966, pág. 239.

[6]  En ese caso, el banco emisor no se limitará a una mera intermediación en el pago sino que asumirá también un rol financiero que lo incitará generalmente a exigir de su cliente mayores garantías (ej. : contrato de prenda sobre las mercaderías, etc).

[7] Ver CNCom., Sala B, Andreoli, Hildo y Testore, Luis c/Irigoyen, Juan Luis - Banco de Avellaneda, tercería de mejor derecho, 20/4/1956 : El crédito documentario, que ha alcanzado extraordinaria difusión en los últimos tiempos en el comercio internacional, ofrece complejos matices que impiden ubicarlo en las normas tradicionales del derecho civil y del derecho comercial. A través de todos los antecedentes se advierte que los derechos y facultades del banco acreditante no están expresamente resueltos en los códigos comunes.

[8] Nos referimos aquí no solo al ordenante (comprador o importador), al beneficiario (vendedor o exportador) y al banco emisor, sino también a otros bancos que podrán intervenir con roles específicos, como el banco notificador, el pagador o acreditante, el negociador y eventualemente, el banco reembolsador.

[9] El crédito documentario puede dar orígen también a conflictos de leyes y de competencia. Al respecto, la jurisprudencia (incluso extranjera y en especial la anglosajona) adquiere un rol determinante para resolver cuestiones de derecho material que no encuentran solución integral en reglas nacionales o internacionales. Las RUU 500 de la CCI establecen que los tribunales competentes serán aquellos que determinen las reglas de procedimiento y de derecho internacional privado. La aplicación de las RUU necesita la previa adhesión voluntaria por parte del conjunto de entidades que conforman el sistema bancario de un pays (“adhesión oficial”) o la adhesión individual de cada banco. La República Popular de China se negaba a formular una adhesión oficial a estas reglas, aunque de hecho se aplicaran. Esa situación desapareció luego de la adhesión individual de los más importantes bancos chinos a las RUU 500.

[10] Olarra Jimenez, Rafael. “Manual del Crédito Documentario”, pág. 89 y ssgtes.

[11] Whelbe, « Documentary Credits, Uniform Customs and Practice », citado en la obra de Epschtein y Bontoux, « Sécurités et Précarités du crédit Documentaire », Paris, 1964.

[12] El art. 3 RUU 500 CCI, sintetiza este aspecto : “a). Los Créditos son, por su naturaleza, operaciones independientes de las ventas o de cualquier otro contrato en los que puedan estar basados  y a los bancos no les afectan ni están vinculados por tal/es contrato/s, aún cuando en el Crédito se incluya alguna referencia al/ alos mencionado/s contrato/s. Por lo tanto, el compromiso por parte de un banco de pagar, aceptar y pagar instrumento/s de giro o negociar y/o cumplir cualquier otra obligación incluída en el Crédito no está sujeto a reclamaciones por parte del Ordenante, resultantes de sus relaciones con el banco Emisor o con el Beneficiario. b) El Beneficiario no podrá, en ningún caso, hacer uso de las relaciones contractuales existentes entre los bancos o entre el Ordenante y el Banco Emisor.” .

[13] CNCom, J.A., T. 10, pág. 861 ; CNCom., Sala A, LL, T. 66, pág. 559 : La calidad de las mercancías remitidas por el vendedor no es un hecho que ataña al banco. En Italia, los primeros fallos que afirmaron el principio de la autonomía de la obligación bancaria respecto de la relación fundamental fueron : Tribunal de Turín, 29-12-48, y Corte de apelaciones, Génova, 25-3-49. Ver resúmenes de fallos en La Ley, 14-12-62.

[14] There is no room for documents which are almoste the same or which will do just as well  (Lord Summer, en la sentencia : Equitable Trust Co. Of New York v. Dawson Partners, citado por Olarra Jimenez, Rafael. “Manual del Crédito Documentario”, pág. 248.

[15] La revisión de los documentos se realiza bajo la égida de un estricto formalismo porque es en ése momento cuando juegan con mayor intensidad los riesgos imputables al banco (emisor, pagador o negociador). El exámen podrá referirse a aspectos operativos, a la naturaleza, características y funciones de los documentos.

[16] Para evitar las consecuencias dañosas del fraude, cierta doctrina propuso como solución, que la mercadería sea revisada en el lugar de expedición por funcionarios que merezcan fe. El comprador puede incluir esta condición en el contrato de compraventa y ordenar al banco que exija del vendedor un certificado sobre la calidad. Ver : Torres, Pedro E. El Crédito Documentado,  Editoria Platense, 1967, pág. 92.

[17] Rowe, Michael. “Cartas de Crédito”, Fed. Latinoamericana de Bancos, Biblioteca Felaban, pág 318/319.

[18] Tal como analizaremos más adelante, esa prueba deberá ser suministrada por el ordenante, antes del pago o aceptación de los documentos, aportando evidencias completas e irrefutables.

[19] Olarra Jimenez, Rafael. “Manual del Crédito Documentario”, pág. 95.

[20] C. Martin, Le crédit documentaire, la fraude et la révision 1983 des RUU, RDAI 1985-371 ; K. Kawan, « La fraude dans le crédit documentaire, confusion ou cohésion », RDAI, 1991, pág. 797.

[21] Rowe, Michael, en “Cartas de Crédito”, pág. 319 ilustra los principales casos de fraude marítimo y crédito documentario : 1) Cuando un mayor número de buques busca transportar un menor número de carga, las pérdidas de la carga aumentan de manera sospechosa. 2) Cuando los propietarios de un barco hipotecado sin perspectivas de transportar carga pueden verse tentados a deshacerse por medios deshonestos de un activo depreciado. 3) Cuando un transportador que opera con márgenes demasiado estrechos puede intentar evitar un desastre financiero mediante la interrupción de una travesía, para vender ilegalmente la carga y luego simular el hundimiento del barco. 4) El fraude con los buques fletados : un fletador contrata un buque por un pago inicial y pagos adicionales muy bajos para transportar la carga. Con la carga ya a bordo, con el pago del flete en el bolsillo, el fletador entra cómodamente en liquidación, dejando al propietario del buque y al comprador con el problema.

[22] Cour de Cassation Commerciale, 24/3/1980, Bull. IV, n° 140, pág. 108.

[23] Conocimiento de embarque : En términos generales se llama así el documento de extendido por las empresas de transporte en el que se especifican las mercaderías recibidas para ser transportadas. Tiene especial importancia en relación con el comercio marítimo y fluvial, porque el libramiento de dicho documento corresponde al capitán y al cargador, y debe contener el nombre del capitán, del buque ; el puerto de matrícula y porte ; el nombre del fletador o cargador, el del consignatario. Si el conocimiento no es al portador o a la órden, debe detallar la calidad, cantidad, número de bultos y marcas de los efectos, puertos de carga y de descarga, con declaración, en su caso, de las escalas ; el precio del flete y la gratificación, si se hubiere estipulado, la forma y lugar de pago ; fecha y firmas del capitán y del cargador.

Si el cargador fuere el mismo capitán o alguno de sus parientes, los conocimientos serán firmados por los dos individuos de la tripulación que lo sigan en categoría. El capitán firmará tantos ejemplares del conocimiento cuantos exija el cargador ; un ejemplar quedará en poder de aquel y los restantes en poder de éste. El conocimiento de embarque hace fe entre las personas interesadas en el cargamento y en el flete, y entre éstos y los aseguradores, sin perjuicio del derecho de los aseguradores y de los dueños del buque de producir prueba en contrario. En el transporte terrestre y en el aéreo suele hablarse de carta de porte. Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, T. 1°. Edit. Aries. 1993.

[24] Tribunal de Commerce de Paris, 2/12/1991, D. 1994, Som. 21, obs. M. Vasseur.

[25] Art. 13 a) RUU 500.

[26] Como medida preventiva de esta práctica fraudulenta, el International Maritime Bureau (IMB) propone asegurar el conocimiento de embarque : éste estaría impreso en un papel especial con marca de agua, se utilizarían numeros de serie exclusivos y se sometería el documento a un tratamiento sensibilizador para impedir su alteración. Quedaría el problema de garantizar que el documento no cayera en manos equivocadas para convertirse así en un medio de fraude más que en una forma de evitarlo. Los transportadores y otras personas que tratan de llevar el documento de transporte a la era de los computadores, tampoco se muestran muy entusiastas de esta propuesta. Rowe, Michael. “Cartas de Crédito”, pág. 322.

[27] Olarra Jimenez, Rafael. “Manual del Crédito Documentario”, pág. 96.

[28] Así lo ha sostenido la jurisprudencia británica en el caso United City Merchants Case (1983) A.C. 168 ; P.N. Todd, Seller and Documentary Credits, JIBL (1983), 468.

[29] Ellinger, E. P. Fraud in Documentary Credit Transactions, JIBL, 1981, 253. La jurisprudencia extranjera es uniforme en ese sentido: Nacional Financiera v. Banco de Ponce, 275 App. Div. (N.Y.) 827, 89, N.Y. ;  Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corporation N.Y. S 2d 631 (1941).

[30] Art. 14 a) RUU.

[31] En tal supuesto, el comprador/ordenante al cual el banco le ha debitado las sumas entregadas contra la presentación de documentos que resultaron ser falsos, no podrá forzar el reembolso del banquero emisor. Ni tampoco podrá el banco emisor exigir reembolso al banco pagador ni al negociador. El banco no es responsable por la autenticidad de los documentos si éstos aparecen exteriormente genuinos.

[32] Villegas, Carlos Gilberto, Comercio Exterior y crédito documentario, Edit. Astrea, Bs. As., 1999, pág. 273, cita a Gutteridge-Megrah, The law of bankers, commercial credits, p. 86.

[33] Olarra Jimenez, Rafael. “Manual del Crédito Documentario”, pág. 97.

[34] Por ello se halla excluído el caso del pago anticipado de un crédito a pago diferido.

[35] Tal como veremos en la parte 2) A)

[36] Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 7/4/87, Banque 1987, pág. 625, obs. Rives-Lange ; JCP 1987, Ed. CI, 14973, obs. Stoufflet ; D. 1987.399, obs. Vasseur ; H. Synvet, DPCI 1987, pág. 704 ; J.P. Mattout y A. Prüm, DPCI 1988, pág. 107 ; Paris, 1/7/87, D. 1988, I.R. 185.

[37] Tribunal francés de Agen, fallo del 27/6/88, D. 1990, I.R. 179.

[38] A diferencia de la mayoría de los casos del fraude material.

[39] En derecho sud-africano, ver Loomcraft Fabrics CC v. Nedbank Ltd and Another, 1966 (1) SA 812 5A), Appelate Court, JIBL 1996, N-155.

[40] Ver Olarra Jimenez, Rafael. “Manual del Crédito Documentario”, pág. 269 y ssgtes.

[41] Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 4/3/53, S. 1954, 1, 121, nota Lescot ; Com. 6/5/69, JCP 1970, II, 16216, obs. J. Stoufflet ; Paris, 30/4/85 y 28/5/85, Banque 1985, 755, obs. Rives-Lange ; D. 1986, 195, nota J. Stoufflet ; Com. 7/4/87, Banque 1987, 625, obs. Rives-Lange ; JCP 1987, Ed. CI 14973, obs. Stoufflet ; D. 1987, 399, obs. Vasseur ; H. Synvet, DPCI, 1987, 704 ; J.P. Mattout y A. Prüm, DPCI 1988, 107.

[42] La regla fue consagrada especialmente en el famoso fallo norteamericano Sztejn ya citado ; ver también : Corte Suprema de Canadá, 5/3/87, D. 1988, I.R. 186, obs. Vasseur. Sin embargo, la postura canadiense es aún más liberal, ver Platinum Communications Systems Inc. V. Imax Corporation and Bank of Nova Scotia, JIBL 1989, N. 222.

[43] El banco emisor lo hará en el supuesto de que el comprador-ordenante no pueda reembolsarle.

[44] Ver parte II°, B.

[45] Rowe, Michael, en “Cartas de Crédito”, pág. 327.

[46] En la especie, se configuró el fraude material y el intelectual.

[47] Establissement Esefka International Anstalt v. Central Bank of Nigeria (1975) Lloyd’ s Rep. 445.

[48] Ver fallo Sztjen, ya citado.

[49] Las opiniones doctrinarias en cambio no son uniformes a pesar de que la tendencia mayoritaria apruebe la postura de la Cour de Cassation.

[50] La alegación de un simple incumplimiento de la relación comercial no basta, por ejemplo: manifestando que las mercaderías entregadas no resultan conformes al pacto entre las partes.

[51] Ver Decisión del 11/6/74.

[52] Este será el caso particularmente, cuando el fraude es dado a conocer al banco suficientemente y a tiempo.

[53] Rowe, Michael. “Cartas de Crédito”,  pág. 318.

[54] En virtud de ello, esta concepción es reticente a admitir el  fraude intelectual.

[55] Rowe, Michael. “Cartas de Crédito”,  pág.s 330 y 331.

[56] Ver: http://www.usdoj.gov/usao/eousa/kidspage/glossary.html :  U.S. Department of Justice y http://dictionary.lp.findlaw.com/: Find Law for Legal Professionals.

[57] Ver : United Bank Ltd. V. Cambridge Sporting Goods Corporation, 392 N.Y.S. (1976).

[58] Ver :  Malass v British Imex Industries Ltd (1957) 2 Lloyd’ s Rep. 549, también: Discount Records Ltd. v  Barclays Bank Ltd. and Barclays Bank International Ltd (1975) 1 Lloyd’ s Rep. 444.

[59] La frase transcripta fue sostenida por el juez Kerr en : R. D. Harbottle (Mercantile) Ltd. V. National Westminster Bank (1978) 1 Q. B. 146.

[60] Malass v. British Imex Industries Ltd. (1957) 2 Lloyd’ s Rep. 549.

[61] Saisie- arrêt  (categoría de embargo en el derecho francés): « Vía de ejecución que existe en el derecho procesal francés con anterioridad a la reciente reforma de saisies (ley n° 91-650 del 9/7/1991, decreto n° 92-755 del 31/7/1992). Por medio de una saisie- arrêt, el acreedor bloqueaba entre las manos de un tercero (el tercero saisi) las sumas o también los bienes muebles corporales que pertenecían a su deudor, a fin de asegurarse el recupero de su acreencia con dichas sumas o con el producto de la venta forzosa de los referidos bienes.  El acta de saisie no confería al acreedor ningún privilegio sobre las sumas o los bienes. En lo que concierne a las sumas de dinero, la saisie- arrêt ha sido abandonada y reemplazada por otra medida : la saisie-attribution. Similar destino acaeció respecto a los bienes muebles corporales que están en posesión de un tercero, para los cuales se utiliza actualmente la saisie-vente o la saisie-appréhension. Existen también nuevas reglas que rigen la saisie de remuneraciones provenientes de contratos de trabajo y de las sumas de dinero que uno de los esposos exige judicialmente a su cónyuge, para exigir el pago de pensiones alimentarias, para hacer efectiva ciertas sanciones y condenas penales de carácter pecuniario, también cuando se trata de sumas de dinero que se encuentran en manos de una persona jurídica de derecho público ». Termes Juridiques, Lexique, Ed. Dalloz, 11° édition, 1998.

[62] Cour de Cassation : el más alto Tribunal Francés (equivalente a la Suprema Corte de Justicia), jurisdicción superior del órden judicial francés en las áreas de derecho civil y penal. Está compuesta por cinco chambres (o salas) pudiendo también decidir en chambre mixte (sala mixta) y en Assamblée pléniere (Asamblea plenaria). Entre sus misiones, se encuentra la de favorecer la unidad de interpretación de las reglas jurídicas. Sus decisorios son dictados a instancia recursiva (pourvoi) y sólo pueden versar sobre cuestiones de derecho y no de hecho puesto que éstas últimas son de competencia exclusiva de los jueces de fondo. Mediante una ley dictada el 15/5/1991 en materia civil, se instituyó una vía procesal a la que pueden recurrir las jurisdicciones inferiores para solicitar a la Cour de Cassation su dictámen u opinión sobre una cuestión de derecho novedosa, cuya interpretación apareja grandes dificultades y aparece en numerosos litigios. No obstante su orígen, el dictámen u opinión referido no tendrá fuerza obligatoria para los jueces de fondo.

[63] Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 14/10/1981, Discount Bank.

[64] Cour d´Appel : tribunales de segunda instancia (equivalente a las Cámaras Nacionales de Apelaciones).

[65] Juge des référés : Juez a quien en Francia, se le reconoce la competencia para tomar una decisión provisoria que en nada prejuzga sobre la solución del fondo del litigio, la cual será dictada con posterioridad en función de los antecedentes de la causa.  Los magistrados que en Francia se ven investidos de tal competencia, son : El Primer presidente de la Cour d´Appel, el presidente del Tribunal de Grande Instance (en este caso, dicho Presidente puede dictar decisiones provisorias en todas aquellas materias para las cuales sea competente, salvo en aquellas donde existen leyes particulares que instituyen procedimientos particulares en lo concerniente a medidas cautelares y precautorias), el juez de instancia, el presidente del Tribunal de Comercio, el Presidente del Tribunal Paritario en materia de alquileres rurales. En materia laboral, el conseil des prud´hommes cuenta también con una formación de référé (integrada por un empleador y un asalariado), y la decisión de dicha formación puede ser objeto de recurso ante un juez départiteur cuando hay empate de votos.

[66] Cour de Cassation, 4/3/1953. S 1954 1 121 124, 1° espèce.

[67] M. Pomerleau, La fraude du bénéficiare du crédit documentaire irrévocable, Etude comparative en droit commercial international, Cahiers Juridiques et Fiscaux de l´Exportation 1984-13.

[68] UCC o Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos.

[69] Por ejemplo, la alteración sospechosa o la adulteración de un conocimiento de embarque.

[70] Kreglinger v. Union Zairose de Banques. Brusseis Commercial Court, 2/5/1974.

[71] Decisión del Bundesgericht Suizo, del 11/6/1974, citada por Rowe, Michael. “Cartas de Crédito”,  pág.s 328 y 329.

[72] Ver entre las decisiones anglosajonas :  The American Accord [1979] 1 Lloyd’ s Rep 267. Las decisiones canadienses van en el mismo sentido : Corte Suprema de Canadá, fallo del 5/3/87, D. 1988, I.R. 186, obs. Vasseur. En Belgica, los tribunales han consagrado la misma solución : Cour d´Appel Anvers, 23/9/81, Revue de droit commercial belge, 1986, pág. 367.

[73] Reserva : En sentido amplio, puede constituir una manifestación de quien participa en un acto jurídico, a fin de precaverse frente a las consecuencias que podrían derivarse de la aceptación pura y simple del acto de que se trate. Tal sucedería en el caso de quien, forzado a efectuar un pago que cree no corresponderle, muestra su disconformidad anunciando su propósito de impugnarlo por la vía que corresponda, a fin de obtener la devolución de lo pagado. Ossorio, Manuel. « Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales » T. 1°. Edit. Aries. 1993.

[74] Tribunal de Paris, 27/2/92, RDBB 1992, 173, obs. M. Contamine-Raynaud ; D. 1994, Som. 27, obs. M. Vasseur y rechazo del recurso por la Cour de Cassation Chambre Commerciale, el 29/11/94, RJDA 1995, 261. Revisión de dicha decisión por la Cour de Paris, el 7/6/96, luego que pudo establecerse la participación del beneficiario en el mecanismo fraudulento. 

[75] Ya sea el Banco emisor, confirmante, notificador o designado.

[76] En cuanto a la responsabilidad del banco corresponsal frente al ordenante, nuestra jurisprudencia ha dicho : « En base al.. art. 1109 del Código Civil, el ordenante de un crédito documentado tiene acción directa contra el banco corresponsal que actuó irresponsable y negligentemente, al efectivizar el pago a quien manifestó ser socio gerente de la sociedad exportadora beneficiaria del crédito, sin la exhibición de un elemento documental que demostrara válidamente la calidad invocada » , CNCom., Sala A, junio 28-1196.

[77] Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 29/6/93, publicado en Lexilaser, fallo 1192, recurso n° 91-18-823.

[78] Rowe, Michael. “Cartas de Crédito”,  pág.s 320 y ssgtes.

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